El conflicto por el cierre de la planta de FATE en San Fernando está lejos de concluir y continúan las instancias para destrabarlo. Luego de que la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentina (SUTNA) no se pusieran de acuerdo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires intervino y mantiene un rol protagónico en este conflicto que evidencia la crisis del sector industrial en el país.
En ese sentido, a pesar de la resistencia por parte de la empresa, esta semana se llevará a cabo una nueva audiencia de conciliación. La misma, fijada para el próximo jueves 30 de abril a las 09:00 hs de manera virtual, tiene como objetivo que la empresa se siente nuevamente a negociar con el sindicato bajo la advertencia de severas sanciones tanto legales como económicas para la firma de Javier Mandanes Quintanilla.
Hasta el momento, desde FATE se muestran inflexibles al adjudicar que más del 80% de su planilla original de 920 operarios ya aceptó las desvinculaciones o los retiros voluntarios, motivo por el que consideran abstracta cualquier mesa de negociación que busque reabrir la planta cerrada el pasado 18 de febrero.
Por este motivo, desde la Dirección Regional Tigre del Ministerio de Trabajo fueron contundentes y en la cédula enviada tanto a la empresa como al sindicato citan los artículos 7 y 8 de la ley 10.149. En estos se establece que “la concurrencia de las partes en la primera audiencia será obligatoria y se efectuará bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública”. Además, se menciona la existencia de multas, las cuales se incrementarán de forma importante si se constata que haya habido “obstrucción a la actuación de las autoridades administrativas”.
Si bien las multas establecidas presentan montos muy desactualizados que van desde los $200 a los $5.000 por trabajador afectado, está incluída una cláusula que establece que “en casos de especial gravedad y contumacia, la autoridad administrativa podrá adicionar a los montos máximos de la multa una suma que no supere el 10% del total de las remuneraciones que se hayan devengado en el establecimiento el el mes inmediatamente anterior al de la constatación de la infracción”.
En caso de que ello se efectivice, el monto de la multa podría aumentar de manera considerable, a lo que se suman los embargos por $3.000 millones que tiene la empresa por falta de pagos salariales caídos durante el período de conflicto.
De este modo, debido a la falta de acuerdo entre SUTNA y la empresa, el gobierno provincial se ve obligado a intervenir exigiendo la presencia de la firma para reabrir instancias de negociación sobre el futuro de la planta.